
La contradicción entre el Estado que recauda y el que cumple vuelve a estar en el centro del debate agropecuario. En distintos distritos de la Provincia de Buenos Aires, como nuestra ciudad, Colón, Junín, Tandil, Azul, Balcarce y Rojas, la boleta por la conservación de caminos rurales llega con regularidad, mientras que la maquinaria vial brilla por su ausencia. El resultado para los productores es conocido: romper vehículos, empantanarse en días de lluvia y, en casos extremos, quedar completamente aislados.
Esta tensión acumulada durante años encontró un fuerte antecedente judicial en Colón. Un fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Pergamino ordenó a ese municipio reparar los caminos de acceso al establecimiento La Querencia en un plazo de 60 días y mantenerlos con periodicidad razonable, tras un litigio iniciado en 2017. La Justicia consideró que la comuna no había acreditado la prestación efectiva del servicio de conservación pese a la percepción del tributo.
El peso de la tasa y la exigencia legal
El tributo vial adopta diversos nombres y metodologías según la jurisdicción: mientras Junín y Tandil optan por liquidaciones mensuales o bimestrales por hectárea -incorporando en ocasiones variables como el precio del gasoil y la carne-, nuestra ciudad implementó recientemente la opción de un pago anual.
Sin embargo, la discusión jurídica de fondo excede las fórmulas de cálculo. Tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema nacional como la doctrina de la Suprema Corte bonaerense exigen que, tratándose de una tasa, exista una contraprestación concreta, efectiva e individualizada. Si el Estado Municipal recauda pero no mantiene la red -compuesta por desagües, alcantarillas y tareas periódicas-, el tributo pierde su naturaleza jurídica y se transforma, en los hechos, en un impuesto sin sustento operativo.
Más allá de la cosecha: el impacto social y económico
El perjuicio económico de esta falta de infraestructura se traduce en mayores costos logísticos, desgaste prematuro de vehículos, tiempos improductivos y dificultades para ingresar insumos o retirar la producción. De este modo, la desidia vial opera como una penalidad directa sobre la competitividad del sector agropecuario.
No obstante, el problema trasciende el ámbito productivo y adquiere una dimensión social ineludible. Por los caminos de tierra circulan también trabajadores rurales, familias, docentes y servicios de emergencia. El deterioro intransitable no solo frena la salida de las cosechas, sino que obstaculiza el acceso a la educación y a la salud.
Hacia una gestión verificable
Ante este escenario, especialistas señalan que la solución exige mayor transparencia y gestión verificable por parte de los municipios. Entre las propuestas figuran la publicación de inventarios viales, cronogramas de obras, presupuestos identificables y la rendición de cuentas detallada sobre los trabajos ejecutados. Asimismo, se plantea la alternativa de potenciar los consorcios camineros con reglas claras y establecer mecanismos administrativos más ágiles para canalizar los reclamos de los contribuyentes.
El fallo de la vecina localidad de Colón deja una advertencia clara para las administraciones locales: el contribuyente tiene derecho a exigir que se cumpla la tarea que justifica el cobro. Cuando los caminos siguen llenos de pozos a pesar de las boletas al día, lo que verdaderamente necesita reparación es el vínculo de confianza entre el Estado y la ciudadanía.



