
El proyecto impulsado por el Ejecutivo Municipal para modificar las normativas de tránsito y reducir de 60 a 40 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en las avenidas de Pergamino abrió un fuerte debate en el ámbito político. Actualmente en tratamiento en la Comisión de Tránsito del Concejo Deliberante, la propuesta divide las aguas entre la búsqueda de prevención vial y los cuestionamientos metodológicos e institucionales de la oposición.
Desde el bloque oficialista se defienden firmemente los alcances de la medida bajo el argumento de preservar la vida humana y mitigar la gravedad de los siniestros viales. Sostienen que una menor circulación vehicular incrementa el tiempo de reacción de los conductores, reduce de forma drástica las distancias de frenado y disminuye la capacidad de daño ante un impacto. Asimismo, se señala que la iniciativa debe complementarse con una adecuada sincronización de semáforos -para evitar embotellamientos-, campañas intensas de educación vial y la difusión periódica de estadísticas oficiales que eviten percepciones de índole meramente recaudatoria por parte de la comunidad.
En la vereda opuesta, los sectores de la oposición manifestaron reparos sustanciales frente a la redacción actual de la norma. Por un lado, un sector de los ediles planteó que una medida de semejante impacto urbanístico y cotidiano exige un respaldo técnico profundo, con estadísticas de siniestralidad desagregadas por corredor y no de forma uniforme para toda la ciudad. En la misma línea, criticaron que se haya avanzado con la colocación de cartelería preventiva en la vía pública de manera anticipada, considerándolo un paso en falso antes de contar con la debida convalidación legislativa.
Por otra parte, desde otro de los bloques opositores se puso el foco estrictamente en la defensa de las atribuciones institucionales del cuerpo deliberativo. Se cuestionó la falta de información formal dentro del expediente y se reclamó que el Ejecutivo respete las competencias del Concejo en materia de regulación de tránsito. Como respuesta a estas acciones anticipadas, los legisladores adelantaron la presentación de proyectos destinados a exigir el retiro provisorio de la cartelería instalada y a transparentar los costos asociados a dicha señalización, a la espera de un análisis pormenorizado junto a las autoridades del área en las próximas reuniones de comisión.



