
El juicio por las fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino dejó una contradicción que no pasa desapercibida. El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario reconoció que los químicos provocaron daño ambiental y sanitario: contaminación del agua y del suelo, padecimientos en las familias expuestas, movilidad de las sustancias y la eficacia de la cautelar que alejó las fumigaciones y redujo síntomas y moléculas. Incluso valoró como seria toda la prueba científica y admitió que es correcto llamarlos agrotóxicos, porque son sustancias tóxicas capaces de desplazarse, ingresar a los cuerpos y producir daños. Sin embargo, absolvió a quienes la querella señaló como responsables.
Por eso Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco, junto con la Fiscalía, apelaron las absoluciones ante la Cámara Federal de Casación Penal. La presentación cuestiona que el tribunal haya fragmentado una prueba que solo puede comprenderse en conjunto: testimonios, allanamientos, máquinas, muestras ambientales, pericias y coincidencias territoriales forman una trama que, vista integralmente, muestra un patrón de exposición y daño. La apelación también exige que las medidas de protección no se levanten, ya que demostraron ser eficaces y deben extenderse a escuelas y pueblos rurales mientras persista el riesgo.

La lucha de Sabrina y Alejandra trasciende la causa penal. Es el reclamo de centenares de Madres de Barrios Fumigados en todo el país, de quienes enfermaron y de quienes denuncian desde hace años un modelo que naturalizó fumigar al lado de casas y escuelas. El juicio probó y reconoció el daño ambiental y sanitario, y estableció la responsabilidad de funcionarios públicos y la omisión del poder político, que ahora deberá ser investigado.
La instancia de Casación será clave: allí se definirá si se responsabiliza a quienes produjeron ese daño colectivo y si se garantiza que las medidas de protección continúen. Porque el Juicio al Veneno, lejos de terminar, sigue siendo una batalla por justicia y por el derecho a un ambiente sano.




