El Día Internacional de la Juventud -que se celebra los 12 de agosto- ofrece una oportunidad para revisar algo más profundo que las estadísticas y los discursos de ocasión sobre “los jóvenes de hoy”. Este año, el lema propuesto por Naciones Unidas -“Contextos diferentes, aspiraciones comunes”- plantea una cuestión que interpela directamente al mundo adulto: ¿qué condiciones se están construyendo para que las nuevas generaciones puedan transformar sus aspiraciones en proyectos de vida?
Más allá de las diferencias económicas, sociales y geográficas, las juventudes comparten demandas que atraviesan fronteras: educación de calidad, trabajo digno, oportunidades, participación y la posibilidad de construir un futuro con mayor autonomía.
Pero existe también un territorio común donde buena parte de esas experiencias se desarrollan, se potencian y, en ocasiones, son manipuladas: el mundo digital.
Allí aparece una contradicción que la sociedad todavía no termina de resolver. Se pretende que los jóvenes sean protagonistas de la transformación tecnológica, que incorporen nuevas herramientas, que aprendan sobre inteligencia artificial y desarrollen habilidades digitales. Sin embargo, cuando las pantallas generan conflictos, la respuesta adulta suele reducirse a una frase conocida: “dejá el celular”. Es sencilla frente a un problema que dejó de ser sencillo hace mucho tiempo.
El teléfono ya no es solamente un dispositivo. Para millones de adolescentes constituye una herramienta de comunicación, aprendizaje, entretenimiento, socialización y construcción de identidad. Pretender resolver los riesgos digitales únicamente mediante la prohibición implica desconocer la dimensión que internet tiene en la vida cotidiana de las nuevas generaciones.
Cuidar no significa prohibir. Pero tampoco significa mirar para otro lado. La responsabilidad adulta exige acompañar, establecer límites y comprender qué sucede en esos espacios. Implica conocer los riesgos, promover hábitos saludables y brindar herramientas para que los jóvenes puedan desenvolverse con autonomía y criterio.
Porque los riesgos también cambiaron. Hoy aparecen fenómenos como la ludopatía digital, el ciberbullying, el grooming, las estafas dirigidas a menores, la exposición permanente a contenidos violentos y los sistemas algorítmicos diseñados para maximizar el tiempo de permanencia.
Por eso, la discusión no debería limitarse a cuánto tiempo pasa un adolescente frente a una pantalla. La pregunta más importante es qué encuentra allí, quién determina aquello que aparece frente a sus ojos y qué consecuencias puede producir esa exposición.
Las plataformas digitales tampoco son espacios neutrales. Los algoritmos seleccionan contenidos, establecen prioridades y pueden amplificar aquello que genera mayor interacción. En muchos casos, aquello que consigue captar más atención no necesariamente es lo que más educa, informa o protege.
La pregunta, entonces, cambia: ¿quién decide qué ven los jóvenes cuando utilizan las plataformas digitales? La respuesta no puede recaer exclusivamente sobre las familias.
Padres, madres y docentes tienen una responsabilidad fundamental, pero resulta insuficiente pretender que puedan enfrentar en soledad estructuras tecnológicas desarrolladas por algunas de las empresas más poderosas del planeta. También existe una responsabilidad estatal.
Se necesitan normas que establezcan obligaciones claras para las plataformas, mecanismos efectivos de protección de menores, mayor transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos y herramientas accesibles para denunciar situaciones de abuso, acoso o manipulación.
La escuela, además, tiene un papel central. La alfabetización digital no puede limitarse al aprendizaje instrumental de una aplicación o a la capacidad de realizar una búsqueda en internet. Alfabetizar digitalmente significa enseñar a reconocer una estafa, detectar una manipulación, proteger los datos personales, comprender cómo funcionan los algoritmos y reconocer cuándo una interacción virtual puede transformarse en una situación de riesgo.
A eso se suma una dimensión que tampoco puede quedar fuera de la discusión: la desigualdad. La brecha digital no consiste únicamente en tener o no tener conexión. También existe una diferencia entre quienes acceden a dispositivos adecuados, cuentan con acompañamiento y poseen herramientas para desenvolverse de manera segura y quienes quedan expuestos a un universo digital que no comprenden plenamente.
En pleno siglo XXI, el acceso seguro y crítico a internet forma parte de las condiciones necesarias para estudiar, trabajar, informarse y participar de la vida social. Por eso, garantizarlo debe ser parte de cualquier política seria de inclusión juvenil.
El desafío no consiste en demonizar la tecnología, pero tampoco en idealizarla. Consiste en construir ciudadanía digital. Y para lograrlo, el mundo adulto debe abandonar dos respuestas igualmente insuficientes: la prohibición automática y la permisividad irresponsable. Ni desconectar a los jóvenes como solución mágica ni aceptar que las plataformas sean quienes establezcan, sin controles suficientes, las reglas de interacción social de millones de adolescentes.
Acompañar, educar y poner límites también es proteger. Y cuando los riesgos exceden las posibilidades individuales de las familias, legislar también es una forma de cuidar.
Las nuevas generaciones no necesitan que los adultos les tengan miedo. Necesitan instituciones capaces de comprender el mundo en el que viven y de ofrecerles herramientas para desarrollarse dentro de él.
Sus aspiraciones siguen siendo las mismas: estudiar, trabajar, vincularse, participar y construir un futuro con oportunidades. Lo que cambió es el escenario. Por eso, proteger a los jóvenes en 2026 también significa discutir qué reglas debe tener el mundo digital.
No alcanza con pedirles que apaguen la pantalla. El verdadero desafío es que los adultos asuman la responsabilidad de encender las reglas que todavía faltan.
